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Colombia

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia - Informe del Secretario General (S/2020/603)

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I. Introducción

  1. Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 2487 (2019), en que el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y 2366 (2017), en que el Consejo solicitó al Secretario General que informara sobre la ejecución del mandato de la Misión cada 90 días. Abarca el período comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2020.

II. Principales acontecimientos

Acontecimientos y contexto nacionales

  1. Al igual que gran parte del planeta, Colombia se ha visto afectada por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), cuyos efectos en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera han quedado cada vez más patentes. El Presidente Iván Duque y el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación han asegurado reiteradamente que la implementación del Acuerdo Final sigue avanzando a pesar de esta situación. No obstante, la pandemia y las medidas de distanciamiento social y aislamiento han afectado a los programas relacionados con la paz y han tenido repercusiones negativas considerables en las comunidades vulnerables afectadas por el conflicto. El Gobierno y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) han tomado medidas para adaptarse a la situación, algunas de ellas de manera conjunta, y la comunidad internacional y las Naciones Unidas también han prestado apoyo.

  2. Al 26 de junio, Colombia había notificado 84.442 casos de infección y 2.811 muertes por COVID-19. El Presidente Duque ha ampliado la cuarentena hasta el 15 de julio y el estado de emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto, y al mismo tiempo ha ido suavizando las medidas y reabriendo sectores de la economía de manera gradual. Entre otras medidas, se han concedido subsidios a más de 3 millones de personas que se han visto particularmente afectadas.

  3. Las instituciones del Estado se han adaptado a la nueva realidad de varias maneras. Las cortes han seguido trabajando mediante sesiones y audiencias virtuales. En el Congreso, pese a existir posturas contrarias sobre la conveniencia de reunirse en persona, ambas cámaras y sus comisiones han seguido trabajando mediante sesiones virtuales y semipresenciales, en las que, entre otras cosas, se han discutido proyectos de ley y reformas constitucionales. Aunque se ha aplazado la discusión de algunas leyes relacionadas con la paz, en el período sobre el que se informa se celebraron sesiones específicas sobre cuestiones concernientes al Acuerdo Final, entre otros temas sobre el cumplimiento del Acuerdo por parte del Gobierno y FARC, y sobre los continuos asesinatos de líderes sociales y excombatientes y ataques contra ellos. La Misión participó en algunas de estas sesiones.

  4. Algunos congresistas del partido de gobierno han propuesto que se reabran las discusiones sobre posibles modificaciones del Acuerdo Final y han señalado su intención de proponer legislación a tal efecto. Esta iniciativa ha sido fuertemente criticada por partidos de la oposición y grupos de la sociedad civil. Representantes del Gobierno han declarado que el Gobierno no tiene intención de modificar el Acuerdo.

  5. La labor de las autoridades departamentales y municipales también se ha visto afectada por la pandemia, incluidas las discusiones sobre los planes de desarrollo para los próximos cuatro años. La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, excombatientes y la Misión han venido trabajando con las autoridades regionales y locales para incluir en estos planes cuestiones relacionadas con la paz, incluyendo políticas de reincorporación. Autoridades regionales y locales de diferentes partidos políticos han reiterado su interés en los programas relacionados con la implementación del Acuerdo Final, pero han señalado también que necesitan asistencia técnica y recursos.

  6. La sociedad civil colombiana continúa participando activamente en cuestiones relacionadas con la paz e insistiendo en que la implementación no debe flaquear a raíz de la pandemia. Haciéndose eco de mi llamado a un cese al fuego global, actores de la sociedad civil, incluidos líderes religiosos y organizaciones de víctimas, continuaron pidiendo a todos los grupos armados ilegales del país que desistieran de la violencia para dar alivio a las comunidades ya afectadas por la pandemia.

  7. En respuesta a denuncias de presuntas actividades ilegales en algunas unidades de inteligencia militar, como el perfilamiento y el seguimiento informático ilícitos de periodistas, miembros de partidos de la oposición y sindicalistas, entre otros, el Ministro de Defensa aseguró que se habían abierto investigaciones. Varios oficiales de alto rango han sido destituidos, y las investigaciones siguen en curso. Miembros de partidos de todo el espectro político y organizaciones de la sociedad civil han condenado las presuntas actividades ilegales y pedido que se enjuicie a los responsables. En mayo, el representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en un comunicado que, conforme a las normas internacionales de derechos humanos, la regulación e implementación de actividades de inteligencia debe cumplir las normas internacionales de derechos humanos.